La bancada de CREO no revela su estrategia en el juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La única certeza es que esperará pocas horas antes de la sesión del Pleno, convocada para este 24 de noviembre para reunirse y tomar una decisión como bloque.
Luis Pachala, coordinador de la bancada de CREO, sostuvo que tendrán un “análisis jurídico” de la investigación que cumplió la comisión de Fiscalización y que determinó la posible censura de la funcionaria gubernamental.
Este análisis ocurre a pesar de que dos de sus integrantes en Fiscalización aprobaron que el caso suba al Pleno de la Legislatura. Es decir avalaron lo hecho en la investigación previa. Sin embargo, para Pachala todavía es necesario revisar los argumentos de cargo y descargo.
La posible salida de Romo está atada al apoyo de 91 legisladores, una cifra que parece difícil de conseguir tomando en cuenta el fraccionamiento en el Parlamento. La única bancada que se mantiene sólida y que anticipó su criterio fue la de la Revolución Ciudadana, que pondrá todos votos para la destitución de Romo.
Incluso tienen un plan alternativo en caso de que no se sumen los 91 votos. Cristóbal Lloret, legislador de ese movimiento político, sostuvo que presentaron otro pedido de juicio en esta ocasión por las sospechas de que Romo fue parte de la compra de votos en el Parlamento.
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Otra bancada que posiblemente apoye la censura es la del Partido Social Cristiano. Su asambleísta, Mercedes Serrano, dijo que la decisión que resuelva el bloque será acatada por todos sus integrantes y ella piensa que será por la salida de la Ministra.
En el resto de bancadas la única certeza es que irán divididas antes de la sesión. La bancada de Alianza PAIS no apoyará en su totalidad a su Ministra. El grupo denominados de aliados se irá por ese camino.
Lo mismo sucede con Integración Nacional, donde los dos representantes de Pachakutik irán por la censura. El resto de sus miembros, que pertenecen a la ID, Sociedad Patriótica y otros movimientos, no tomaba su decisión hasta la tarde del 23 de noviembre. Sin embargo, en las sesiones anteriores ellos se mostraron cercanos a Romo.
Los independientes tampoco tienen una definición. Está previsto que el juicio político a Romo sea extenso y dependiendo de los participantes pudiera extenderse por más de un día, lo que dará más tiempo para que los votos se consoliden a favor o en contra de una tendencia.
Según el presidente Lenin Moreno, la decisión que tome la Asamblea se la respetara, incluso si se determina la salida de una de sus funcionarias de mayor confianza y que fuera clave para controlar las protestas de octubre de 2019.
Las dos causales para el juicio político
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea resolvió llevar a juicio político a la ministra Romo por el uso de gases lacrimógenos caducados para controlar las protestas sociales por el levantamiento de las gasolinas ocurrido en octubre de 2019.
También por los ataques con bombas lacrimógenas a las sedes de las universidades Católica y Salesiana de Quito, que acogieron a los manifestantes de las comunidades indígenas que llegaron hasta la capital.
Para Romo esas dos causales no tienen sustento. “En las protestas de octubre se escondieron intereses de grupos que provocaron caos y violencia para atacar la institucionalidad democrática. La Policía actuó con prudencia en un difícil escenario. Defiendo y respaldo esa actuación”, escribió en su último mensaje publicado en su red social sobre su juicio.
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El régimen y su ministra a la cabeza sostienen que actores políticos estuvieron detrás de las protestas para intentar derrocar al presidente Moreno. Sin embargo, las investigaciones judiciales no logran determinar si en verdad hubo el intento de golpe de Estado.
Más bien se apunta una represión por parte de la Policía, las Fuerzas Armadas y el Gobierno. Este es el caso del borrador del informe de la Comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo. Este reporte identificó casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales durante las manifestaciones de octubre.
El Gobierno no da su respuesta a este informe. Pero otros sectores sociales han evidenciado sus críticas por la actuación de la Fuerza Pública. Uno de ellos son la Federación de Estudiantes Universitarios que pidió la salida de Romo y la sanción a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. (I)
