La tarde de este lunes, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue ingresado a la Cárcel 4 (norte de Quito), tras la orden de prisión en su contra por presunto delito de abuso sexual.
Esto, luego de que el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Adrián Rojas, acogiera el pedido de la Fiscalía General de la Nación y dispuso la prisión preventiva en contra de Carrión.
El alto funcionario es investigado por presunto delito de abuso sexual, según detalló el Ministerio Público, a través de su cuenta de Twitter.
La orden se efectuó la madrugada del lunes 17 de mayo, tras la respectiva diligencia en la que se investiga una presunta agresión en contra de una mujer, para quien se ordenó medidas de protección.
Los hechos en indagación comenzaron la medianoche del 15 de mayo, cuando se suscitó un incidente protagonizado por el Defensor Carrión y Mauro Falconí, exministro de Salud, en pleno toque de queda y restricción de movilidad.
Según imágenes de seguridad de un edificio privado, que fueron difundidas en redes sociales, se observó que en el umbral de un asensor se originó un enfrentamiento con insultos, agresiones físicas y forcejeos contra una ciudadana, que sería pareja de Falconí.
En las imágenes se observa a la mujer que es arrastrada fuera del elevador. Un guardia de seguridad presenció el hecho y se evidencia que no hizo prácticamente nada por ayudarla; solo trató de separar a Carrión y a Falconí.
La Intendencia de Policía de Pichincha confirmó que agentes de la Comisaría y la Policía Nacional llegaron al lugar, tras una alerta de una posible fiesta clandestina.
Tras la investigación confirmaron la identidad de Carrión y de Falconí. Este último estuvo al frente de la Cartera de Salud durante dos semanas y renunció a inicios de abril de este año.
Gabriel Martínez, ministro de Gobierno, informó que su cuenta de Twitter que el Defensor llegó a una casa de salud en donde se le practicaron exámenes toxicológicos, mientras que Falconí estaba en la Fiscalía con los respectivos procedimientos legales.
La Defensoría del Pueblo se pronuncia
El caso generó una reacción inmediata por parte de la Defensoría del Pueblo que -horas después de conocerse los hechos- difundió una carta en la que confirmó que Carrión recibió atención en una clínica por un «quebranto en su salud».
Agregó que no había sido detenido. Esto, en respuesta a una información difundida por el Ministerio de Gobierno que aseguró que el funcionario se encontraba bajo vigilancia policial.
«Debo señalar que no he participado en ninguna fiesta clandestina como se ha señalado en redes sociales. Tuve una reunión en el domicilio del Dr. Mauro Falconí, con quien compartimos una amistad de varios años», agregó el defensor.
Carrión además informó en la misiva que pidió una licencia para atender esta situación y colaborar con las investigaciones.
Un juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ordenó la libertad del exministro Falconí en una audiencia efectuada de este lunes, informó Fiscalía.
En declaraciones a CNN, Ludwing Álvarez, abogado del exministro de Salud, señaló que su defendido «no ha cometido ningún delito» y que se están violando sus derechos constitucionales al mantenerlo detenido en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía».
Reacciones de la sociedad civil
Esta situación generó debate por parte de organizaciones de mujeres, ya que Carrión ha liderado actos en defensa de los Derechos Humanos, pero ahora se lo investiga como un agresor.
Virgina Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío y militante de la Coalición Nacional de Mujeres, advirtió que hay que hacer una división entre lo que es el Defensor del Pueblo y lo que ha sido el proceso que cumplió la Defensoría del Pueblo en estos dos años. «El Defensor tiene que cumplir un proceso legal pegado a derecho y tiene que responder las acusaciones, ya que no se puede permitir este tipo de actos», expresó.
De la Torre reiteró que una cosa es el Defensor Carrión y otra cosa es la gestión que ha realizado adelante el equipo de funcionarios (hombres y mujeres) que han sacado adelante la institución.
La experta puso como ejemplo los informes que ha presentado la entidad como es el caso de los hechos registrados en las movilizaciones de octubre de 2019. «La Defensoría es una institución que tiene unos procesos y que deben seguir protegidos en el marco de lo que es su trabajo», indicó.
La activista reconoció que este caso evidencia que la mujer vive violencia política, pero recordó que ese acto ya está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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Similar criterio emitió Gina Benavides, exdefensora del Pueblo, quien reconoció su preocupación por este caso, ya que detrás de la entidad hay un trabajo de todo un equipo, a la cual ella dio fe.
«La Defensoría da protección a los derechos humanos. En ese sentido es importante fortalecer a esta institución que es clave para todos los procesos de vigilancia y asesoría en los derechos», dijo.
En este caso, añadió la exfuncionaria, es importante deslindar las actuaciones de Carrión, quien tendrá que responder a la justicia.
Por último, Benavides señaló que espera que esta situación sirva para aplicar correctivos para que la Defensoría cumpla con su función constitucional. (I)
