El recurso de apelación planteado al auto de nulidad emitido por el caso de venta de pruebas covid-19 y de efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito fue aceptado por la jueza Verónica Medina.
Así lo informó la Fiscalía General del Estado, tras la diligencia que se llevó a cabo la tarde de este lunes 26 de julio.
En esta causa son procesados el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley y siete personas más, por su presunta delincuencia organizada para la negociación de 21.000 pruebas para la detección del virus covid-19.
La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, conformada por los jueces Patricio Vaca (ponente), Miguel Narváez y la jueza Anacélida Burbano, resolvió –por unanimidad– que, dentro de las etapas de investigación previa e instrucción fiscal, la Fiscalía no vulneró el derecho a la defensa de los procesados.
El Ministerio Público detalló que se llegó a esta resolución «tras un minucioso análisis jurídico».
Con ello, el Tribunal de Alzada determinó que la jueza Medina no cumplió con los presupuestos del artículo 604 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para declarar la nulidad desde la fase de investigación previa.
A pedido de la Fiscal del caso, los jueces declararon la negligencia manifiesta de la Magistrada y oficiaron al Consejo de la Judicatura (CJ) para que se analicen posibles sanciones administrativas.
“La actuación de la jueza Verónica Medina violentó el principio de debida diligencia. Tal es así que en el auto de nulidad se deja sin efecto sentencias dictadas en procedimiento abreviado”, dijo el juez Vaca, quien agregó que este accionar degeneró en un “daño a la administración de justicia”.
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Tras haber revocado el auto de nulidad y declarado la validez de todo lo actuado por Fiscalía General del Estado, el Tribunal dispuso enviar la causa a la oficina de sorteos de la Función Judicial para que un nuevo juez o jueza sustancie la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
Ante esta respuesta, la fiscal General Diana Salazar reiteró que se trata de actuar en Derecho. «Hoy, el Sistema de Justicia verificó actuaciones cuestionadas dentro de un proceso», expresó desde su cuenta de Twitter.
Sanción para abogados
En su resolución oral, el juez Vaca también llamó la atención a los abogados que patrocinaron la defensa de Bucaram Padre e hijo, por constantes acciones dilatorias en el proceso, advertidas previamente por la Fiscal que lleva el caso.
Para los defensores Christian Romero, Kléber Riofrío y Francisco Onofa, el Tribunal resolvió imponer una multa de dos salarios básicos unificados por desconectarse de la audiencia telemática, alegando un “derecho a la resistencia”.
Por decisión de los jueces, los audios de la audiencia de apelación serán remitidos al CJ para que, dentro de sus competencias, se analice el comportamiento de los letrados que –a criterio del Tribunal– constituyen “maniobras dilatorias”, daño a la administración de justicia, que se adecúa a la causal de manifiesta negligencia. (I)
