Actualmente, no resulta extraño que muchos tengamos un familiar, amigo o conocido que perdió su empleo, que las condiciones de su trabajo se precarizaron o que su negocio simplemente no se pudo sostener. Esto ha servido como un termómetro de lo que cotidianamente se vive en el país. Ecuador atraviesa por uno de sus momentos político, económico y social, más críticos de los últimos años.
Recuerdo que algo similar, no sé si tan complejo como ahora, se vivió durante el feriado bancario del año 1999, cuando la confiscación de los depósitos de los clientes y la posterior quiebra de casi una treintena de bancos, desencadenó una profunda crisis social que obligó a muchos a buscar un mejor porvenir en otros países, sepultó comercios, pulverizó ahorros e incluso fue el detonante de suicidios de personas de la tercera edad a la que les ganó la desesperación, la angustia y la desesperanza.
Hoy parecería que ese Ecuador de fines de los noventa ha regresado. El covid-19 paralizó el mundo y nuestro país no fue la excepción, la economía fue duramente golpeada y muchos padecen ahora ese impacto repentino e inesperado. Pero, la pandemia para nosotros no ha sido el único motivo de esta crisis, al difícil momento que vivimos, se suman decisiones y medidas gubernamentales que más allá de alcanzar una supuesta reputación del país en el mercado internacional, lo que han hecho es precarizar la calidad de vida de la gente.
Una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre las finanzas públicas y la crisis por covid-19 en los países andinos, elaborado en junio de este año, señala que Ecuador es el país que ha destinado menos recursos públicos para enfrentar esta pandemia, no alcanza ni el 1% del PIB. Y aunque son feas las comparaciones, para este caso es necesario mencionar que Perú, Colombia y Bolivia han asignado recursos por un monto cercano al 14,4%, 11% y 5,6% de su PIB, respectivamente.
Los resultados han sido evidentes: miles de personas en el desempleo (aunque las autoridades digan que este indicador ha disminuido en los últimos meses), incremento de la informalidad y el subempleo, familias con dificultades para cubrir necesidades básicas y con poca capacidad adquisitiva, precarización del trabajo en el sector público y privado, deserción escolar y precarización educativa, retrasos en los pagos de obligaciones con entidades bancarias y financieras que han puesto entre la espada y la pared a quienes mantienen deudas, evidente costo de la vida y otros problemas más que a muchos nos mantiene en incertidumbre.
Una salida a este complejo escenario parece estar lejano, los compromisos que este gobierno ha demostrado tener con grupos de poder, tanto económicos como políticos, seguramente no permitirán la adopción de medidas que alivien la compleja condición de millones de ecuatorianos. Por eso es importante exigir a aquellos que buscan la primera magistratura, claridad ante este escenario nuboso, acciones que si bien no solucionarán estas dificultades pero que al menos las aplaquen, ofrecer a la sociedad ecuatoriana un respiro y una esperanza de que este momento complejo se superará y así dejar de lado esa preocupante incertidumbre. (O)
