Guadalupe Llori espera una respuesta de la Corte Provincial de Justicia de la provincia de Pichincha a su solicitud de una acción de protección, interpuesta el 14 de abril último, en contra de los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), alegando que estos intentaban removerla.
Se espera que la respuesta esté lista en los próximos días. Según trascendió, si el fallo es favorable a Llori, podría retornar a su cargo pese a ser destituida el pasado 31 de mayo.
La decisión la tomó el órgano parlamentario con 81 votos a favor. «Me atacan y ejercen violencia política en mi contra, por mujer por ser amazónica, por ser humilde y sencilla, pero muy firme; saben que mi lucha es para que todos los ecuatorianos transitemos a un mejor país», esto escribió Llori tras su destitución.
Como su reemplazo, asumió Virgilio Saquicela, quien era el primer vicepresidente de la Asamblea. Según lo previsto, Saquicela debe estar en el cargo hasta el 13 de mayo de 2023.
Como resultado de la votación, Llori, sin embargo, no pierde su condición de asambleísta. Ella fue electa en el cargo el 15 de mayo de 2021 tras lograr el apoyo de 71 de los 137 asambleístas, pero su administración ha sido cuestionada al señalársele incumplimiento de funciones. Fue la primera mujer amazónica en acceder a un cargo en la Asamblea Nacional ecuatoriana.
En sus primeras declaraciones a la prensa, Saquicela defendió la legalidad de lo actuado por el Pleno del Legislativo la noche de este martes. Dijo que ello se correspondió con la Ley Orgánica de la Función Legislativa y a la Constitución, dentro de sus facultades como máximo órgano de la Legislatura.
Según el sitio del órgano parlamentario, la destitución de Llori responde a una decisión democrática y legítimamente tomada por los representantes de la ciudadanía, como son los asambleístas.
Dijo además que él extiende sus dos manos a todas las funciones del Estado, bancadas legislativas y bloques políticos para dialogar en pro de los intereses del país.
El Ministerio de Gobierno de Ecuador calificó de “ilegal” y “arbitraria” la destitución Llori el martes pasado y dijo que se afecta la institucionalidad del Poder Legislativo y la estabilidad política del país.
“El Gobierno Nacional respeta la independencia de funciones, pero no se prestará al juego de quienes piensan en sus intereses políticos y personales, dejando de lado la seguridad jurídica y el bienestar de los ecuatorianos”, aseguró.
