El día jueves 2 de mayo, se llevó a cabo la audiencia de acción de protección en el denominado Caso Alahia, que se originó tras una denuncia con la cual se pretende implementar protocolos de atención para mujeres en situación de duelo gestacional y evitar la violencia obstétrica, en Ecuador.
La causa se originó luego de que el 2 de septiembre de 2020, Gabriela G. llegara al Hospital San Francisco para dar a luz a su segunda hija. Sin embargo, debido a la inexistencia o incumplimiento de protocolos de salud y falta de atención oportuna, la ilusión de tener a su bebé, se convirtió en una pesadilla.
A pesar de las advertencias médicas sobre su embarazo de riesgo, Gabriela aseguró que no recibió la atención adecuada por parte del personal de la casa de salud, lo que resultó en la muerte de su hija Alahia. Además de esta falta de atención médica de calidad, la madre sufrió también revictimización por la falta de empatía y capacitación del personal médico para atender esta especial condición de las mujeres embarazadas que pierden a sus bebés. Como resultado, Gabriela decidió emprender acciones legales contra el hospital.
Luego de la diligencia, la jueza Pacheco negó la acción de protección, aduciendo que no se vulneró derecho constitucional alguno. Ante esta decisión, Dignidad y derecho anunció su intención de apelar, mostrando su disposición de llegar hasta la Corte Constitucional para hacer valer los derechos vulnerados y exigir la implementación de protocolos adecuados para la protección de las mujeres en Ecuador.
Gabriela, madre de Alahia, fue respaldada por evidencia médica que certifica el adecuado desarrollo del embarazo y la buena salud de su hija. Sin embargo, se presentó también la historia clínica que evidencia la deficiente atención por parte del personal del Hospital San Francisco del IESS, lamentablemente culminando en el fallecimiento de Alahia.
Durante la audiencia, Gabriela relató emotivamente su experiencia, señalando la falta de comunicación efectiva y la demora en recibir atención médica, a pesar de las señales de alarma evidenciadas en los exámenes médicos.
La representación legal a cargo de Dignidad y derecho argumentó la vulneración de múltiples derechos, incluyendo el derecho a la salud con calidad, el derecho a la vida de Alahia, así como los tratos crueles y revictimizantes sufridos por Gabriela, incluida la violencia obstétrica.
María de Lourdes Maldonado, abogada y presidenta de Dignidad y derecho, destacó la carencia de protocolos de atención para mujeres en duelo gestacional por parte de las distintas entidades de salud públicas y privadas del Hospital San Francisco, así como el largo periodo de depresión sufrido por Gabriela antes de recibir atención psicológica, por el trato inadecuado del personal del IESS.
Tania Tamayo, presidenta de la fundación Abrazando Esperanzas, resaltó la importancia del reconocimiento de los derechos de las madres en situación de duelo gestacional. (I)
Fuente: Dignidad y derecho
