Cansados de la falta de respuestas, el colectivo mayoritario de extrabajadores de la empresa Tejidos Pintex S.A. presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado. La causa se encuentra en fase de investigación previa en la Unidad de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional, en Quito. Los denunciantes señalan un incumplimiento prolongado de obligaciones laborales y con acreedores, falta de transparencia en el manejo de los bienes y una gestión de liquidación que, aseguran, no ha dado soluciones.
El caso cobra relevancia pública porque, según registros de acceso público de la Superintendencia de Compañías, la actual vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, consta como accionista vinculada a la trama societaria de la empresa en liquidación.
Una empresa emblemática con un final conflictivo
Tejidos Pintex S.A. fue fundada en 1959 por Germánico Pinto Dávila y por décadas fue un referente en la producción de telas y lencería de hogar. Tras una serie de incumplimientos societarios e irregularidades administrativas, fue intervenida por la Superintendencia de Compañías y en enero de 2025 entró en proceso de liquidación.
Según registros públicos de la Superintendencia, entre sus accionistas constan miembros de la familia Pinto Mancheno, el empresario Andrés Domínguez y dos compañías que también están en liquidación: CONEXIONES CONECTAR S.A. y REDRUF S.A. En estas últimas aparecen vinculados Camilo Ontaneda Pinto, presidente de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE); Mauricio Pinto, exministro de Industrias; y María José Pinto Artigas, actual Vicepresidenta de la República.
Los tres puntos que denuncian los afectados
En los últimos meses, las protestas de cientos de familias afectadas han sido recogidas por medios digitales y colectivos ciudadanos. Sus reclamos se resumen en tres ejes:
1. Deudas laborales por más de USD 3.5 millones. Incluyen liquidaciones, indemnizaciones por despido, jubilaciones patronales y préstamos que los trabajadores hicieron a la empresa. Muchos entregaron décadas de servicio. Más del 90% de los demandantes, según el colectivo, son adultos mayores y personas de escasos recursos. En el portal de la Función Judicial constan cientos de demandas por estos conceptos.
2. Cuestionamientos a la liquidadora. Las críticas apuntan a la abogada Elizabeth del Pilar Jiménez Franco, designada en enero de 2025 por la Superintendencia de Compañías como liquidadora. Los afectados denuncian falta de transparencia en los ingresos, presunto desvío de rentas de inmuebles a cuentas de terceros, retraso en los pagos, gestión ineficiente en la venta de bienes, uso de un fideicomiso presuntamente irregular, falta de balances e informes, trato discriminatorio y priorización de pagos a terceros por encima de obligaciones laborales, incluso con sentencia.
3. Falta de control institucional. El colectivo cuestiona que a la misma funcionaria se le hayan encargado más de una docena de procesos de liquidación e intervención, como el caso de GRANASA (Diario Expreso y Extra). Aseguran que los pedidos de remoción enviados a la Superintendencia han sido respondidos señalando que la única responsable es la liquidadora, lo que para ellos evidencia una falta de supervisión del proceso. El Superintendente Luis Cabezas Klaere ha respaldado la gestión, según los denunciantes. Los afectados también señalan que, de acuerdo con información pública, existen otras investigaciones penales abiertas contra la empresa y administradores anteriores y actuales por presuntos delitos de falsificación y uso de documento falso, retención indebida de aportes al IESS, estafa y extorsión.
De las calles a la vía penal
Tras agotar las vías administrativas y de diálogo, el colectivo decidió acudir a la justicia penal. “Parece que todos están unidos en contra nuestra. Por eso hemos acudido a instancias penales ante el perjuicio sistemático a nuestros derechos, la falta de liquidez transparente de los activos y el maltrato por parte de la administración. Exigimos que se determinen responsabilidades individuales e institucionales”, indicaron voceros del grupo.
En la denuncia piden que se investigue a accionistas, a la liquidadora, a los titulares de cuentas a las que presuntamente se habría desviado dinero, al gerente general anterior cuya administración derivó en la intervención y liquidación, y a otros involucrados, entre ellos, según indican, un alto funcionario de un banco estatal que habría sido asesor de la textilera.
Las familias afectadas esperan que la justicia actúe con celeridad para evitar la impunidad y poner fin a un perjuicio que califican de millonario.
