Ecuador y Chile acordaron unificar esfuerzos legislativos para enfrentar el avance de las redes delictivas y la violencia transnacional en el continente. La estrategia bilateral fijó tres líneas de acción prioritarias enfocadas en el control del territorio, el fortalecimiento de la capacidad operativa y el combate directo a la financiación de los grupos criminales.
El compromiso busca asfixiar la liquidez y los activos de los grupos delictivos mediante normas más estrictas contra el lavado de dinero y la extinción de dominio. Además, contempla mecanismos de recuperación de bienes de origen ilícito para desmantelar las estructuras financieras que sostienen las operaciones ilícitas.
Durante el encuentro parlamentario, la titular del Legislativo ecuatoriano, Mishel Mancheno, enfatizó la necesidad de adaptar el trabajo jurídico a la realidad de las bandas trasnacionales. “La creación de leyes que garanticen la seguridad exige respuestas coordinadas, pues las organizaciones criminales no reconocen fronteras y sus actividades afectan a varios territorios”, señaló Mancheno.
En el ámbito territorial, el entendimiento contempla la actualización de leyes dirigidas a contener a grupos que ejercen control o intimidación sobre la población. Para ello, se busca potenciar las capacidades de vigilancia e intensificar la coordinación institucional en zonas estratégicas.
A nivel operativo, la iniciativa promueve reformas que aseguren investigaciones y procesos judiciales más efectivos contra la delincuencia organizada. Las comisiones parlamentarias encargadas del seguimiento a estas reformas mantendrán un canal directo de consulta técnica y legislativa.
El pacto promueve un flujo permanente de datos y lecciones aprendidas entre los cuerpos policiales y las autoridades judiciales de ambas naciones. El intercambio sistemático de inteligencia permitirá anticipar maniobras delictivas que cruzan de una jurisdicción a otra sin los frenos del pasado.
Respecto al sustento técnico, el documento adopta como marco de referencia los postulados de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. También incorpora los lineamientos de la Convención de Mérida en materia de lucha contra la corrupción dentro del sector público.
Asimismo, la propuesta recoge los acuerdos previos del Compromiso Regional de Santiago y los insumos técnicos generados durante el encuentro de seguridad penitenciaria en Quito. El objetivo central es neutralizar la capacidad de mando que las bandas ejercen desde el interior de las cárceles.
La máxima autoridad del Parlamento ecuatoriano remarcó el carácter integral que debe primar en las iniciativas de contención social y policial. “La Declaración busca fortalecer el diálogo, la cooperación y la coordinación legislativa, así como avanzar conjuntamente en el desarrollo de herramientas jurídicas para enfrentar estas amenazas”, detalló Mancheno.
Esta alianza interparlamentaria amplía un proceso de integración normativa que Ecuador inició previamente con el Congreso de Colombia. De esta manera, se pretende consolidar un bloque normativo sólido en Sudamérica frente a los delitos transfronterizos.
Al concluir las reuniones de trabajo, la comitiva del Legislativo ecuatoriano destacó la importancia de sostener respuestas de Estado coordinadas ante fenómenos que desbordan la acción individual de cada país. “Nuestros países comparten desafíos y responsabilidades, pero hoy reafirmamos que también podemos compartir respuestas”, concluyó Mancheno.
El instrumento suscrito mantiene un carácter estrictamente interparlamentario y no constituye un tratado de acatamiento obligatorio. No obstante, formaliza la voluntad institucional de ambos países para agilizar debates legislativos clave en beneficio del orden público. (I)
