Por: Fabricio Cevallos Robles
El miedo se ha apoderado de muchos, pero también la rabia y la indignación por una serie de episodios que se han vuelto cotidianos en varios puntos del país, evidenciando el nivel de inseguridad que actualmente vivimos los ecuatorianos.
Estos actos delincuenciales, violentos y denigrantes para la sociedad, ya pasaron de ser una percepción de inseguridad, porque no los vimos en los medios de comunicación, porque no nos lo contaron conocidos o allegados, ahora los vivimos, los protagonizamos, los testificamos, se hicieron propios. Robos, asaltos, asesinatos y una serie de hechos que nos llevan a pensar, con mucho dolor, que en Ecuador no estamos seguros. Para muestra, un botón; mencionaré brevemente algunos de esos hechos ocurridos en las dos ciudades más grandes del país: Guayaquil y Quito.
En la primera, hace pocos días, en plena avenida de las Américas, dos personas con chuchillo en mano amedrentaban a un hombre en un confuso incidente, que al parecer habría empezado cuando uno de ellos se rehusó aceptar que le limpiaran el parabrisas de su vehículo. El suceso captado en video se viralizó en redes sociales y fue por la presión que hubo en ese espacio, que la Gobernación del Guayas dispuso a la policía ubicar y detener a los agresores. Los involucrados fueron detenidos, pero salieron en libertad por falta de denuncia. En esa misma zona, también un asaltante fue grabado cuando en moto y con pistola en mano quitaba las pertenencias de un conductor y le disparaba en el parabrisas al que lo estaba grabando, apenas un par de autos más atrás.
El otro caso se registró este fin de semana de feriado en el Parque Metropolitano de Quito, cuando una pareja de ciclistas fue asaltada por un sujeto que los amenazó con cuchillo para quitarles sus celulares. El delincuente fue atrapado horas después por agentes metropolitanos e inmediatamente entregado a la Policía Nacional para que sea procesado en el sistema judicial. A ese sujeto se le encontró con varios celulares y, lógicamente, con el cuchillo con el que cometía sus fechorías.
Y si se tratara de enumerar estos actos por el impacto que generan y la rapidez con que se difunden a través de las plataformas y comunidades virtuales, no podríamos dejar de mencionar el asalto en el que una mujer perdió la vida, en el sur de Quito, mientras su esposo forcejea con uno de los delincuentes para impedir que se lleve el dinero que acababan de retirar del banco y que serviría, según testimonio de su hijo, para comprar medicinas a su abuelo enfermo.
Son apenas cuatro de tantos casos que a diario ocurren a nivel nacional.
La inseguridad en nuestro país es hoy por hoy, junto con el nivel de desempleo, de las principales preocupaciones entre los ecuatorianos, incluso más que la propia pandemia.
Frente a esta realidad, los ciudadanos, aquellos de a pie, a los que no les interesa la política ni las pugnas entre autoridades, esperan una respuesta inmediata y concreta que pueda devolverles la tranquilidad. Para ello, se requiere una política pública efectiva y práctica que recupere el ambiente de seguridad y que debe ser la prioridad de quienes nos gobiernan, acciones reales que no solo apunten a atender las causas del problema sino a contrarrestarlo, someterlo y erradicarlo.
En ese sentido resulta increíble, imprudente y contradictorio que una autoridad plantee armar a la ciudadanía, como lo ha hecho la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien entregó al presidente Guillermo Lasso una propuesta de Ley Por la Vida y la Protección Ciudadana que, entre otros, busca legalizar el porte y tenencia de armas.
La acción no solo que evidencia la incapacidad de las autoridades para fortalecer la seguridad, sino, además, y lo más preocupante, podría abrir la puerta para que la violencia estalle con una sociedad armada. Experiencias en otros países han mostrado que mantener a una sociedad armada no es garantía de mayor seguridad, al contrario, los niveles de criminalidad y violencia son mayores, lo hemos visto en innumerables ocasiones en EEUU, por ejemplo, donde los tiroteos en escuelas, universidades o lugares concurridos han generado alarma en su sociedad. Existen estudios que muestran que los riesgos de tener un arma de fuego superan los beneficios, entre ellos están los de accidentes fatales, suicidios, intimidación y muertes de mujeres y niños.
Una propuesta así debe ser rechazada, teniendo en cuenta, además, que tras año y medio de una pandemia sin precedentes, los problemas de salud mental se han agudizado, lo que representa un agravante.
El combate a la inseguridad va por otros caminos: decisión de las autoridades para programas reales de apoyo social, combate de la pobreza y la inequidad, generación de espacios seguros, políticas migratorias claras, control de armas, entre otros; acciones en el que se establezcan responsabilidades claras en el sistema administrativo y que estimule el compromiso de la ciudadanía, para entre todos, contar con un país seguro.
