Esteban Ron Castro
Analista Político, Máster en Democracia y Buen Gobierno (Universidad de Salamanca); Magíster en Comunicación Estratégica (Universidad Andina Simón Bolívar); MBA (Universidad Internacional Del Ecuador).
Muchas veces hablamos de democracia y tecnología como dos conceptos que pueden ser conjugados; la percepción ciudadana determina como una lógica a la disponibilidad de herramientas informáticas para procesos electorales, a través de la innovación en ciertas etapas de una elección: transmisión de resultados, conteo de votos y hasta un ejercicio de voto electrónico.
Los gobiernos se enfrentan diariamente a la solución de problemas que derivan de su estructura democrática, y además, a una serie de desafíos para proteger los principios y derechos como parte de la gobernanza que necesariamente deben generar, entre estos los de participación política.
En atención a estos principios y derechos, el Estado Ecuatoriano ha especializado su función electoral, a través del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal Contencioso Electoral.
El CNE, como encargado de la administración electoral, de acuerdo con una disposición legal (Art. 113 e in. post. 127 del Código de la Democracia), puede implementar tecnologías para los procesos de: votación, escrutinio, publicación de resultados, entre otros.
Esta apertura legal, es beneficiosa si se la asume como un reto, ya que no se puede restringir el uso de “tecnología electoral”; se debe entender que existe, en la administración pública, el concepto de: procesos asociados o adyacentes, en este caso a una elección, los que con una visión de sistema, pueden ser intervenidos con la transparencia como eje transversal, por ejemplo: la fiscalización del gasto electoral, el uso del fondo de promoción electoral, auditorías informáticas pre y post electorales, entre otros, siempre observando el principio de legalidad.
Una nueva visión de la administración pública en la que interactúen el Derecho y las nuevas tecnologías es necesaria para solventar necesidades democráticas; he ahí el reto que desde varios sectores que pueden verse involucrados en el sistema democrático, todo siempre desde el respeto a los preceptos normativos y el imperio de ley, sin interpretación y con aplicación directa de sus normas. (O)
