La otra elección, la de la Casa de la Cultura

Por Pablo Salgado J. *periodista y escritor

Mientras el país guardaba silencio electoral para los comicios del pasado domingo 7 de febrero, la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) realizaba su Junta Plenaria para aprobar el Reglamento que regirá el proceso electoral para renovar a los directores de los Núcleos provinciales y al director de la Sede Nacional, tal como establece la Ley orgánica de cultura.

Un Reglamento de elecciones elaborado por la Sede nacional sin participación de los directores ni los actores culturales. Un reglamento que contiene una serie de artículos atentatorios a los derechos culturales y violatorio de la Ley orgánica de cultura y de la propia Constitución de la República. Este hecho provocó también que numerosos actores y colectivos culturales inmediatamente levantaran su voz de protesta solicitando que dicho reglamento no se apruebe.

La CCE, es, sin duda, la institución cultural mas simbólica del país; fundada en 1944 por el presidente Velasco Ibarra a petición de un importante grupo de intelectuales, presididos por Benjamín Carrión.  Sin embargo, en los últimos años la Casa de la Cultura ha perdido no solo prestigio sino eficiencia y transparencia en su gestión y, sobre todo, ha perdido incidencia en el quehacer cultural del país.  Ahora es apenas una sombra de lo que fue en el siglo pasado. Son muy pocos, excepciones, los Núcleos que se han renovado, que han dinamizado y transparentado su gestión y que han abierto las puertas a los artistas y gestores culturales.

Pero además, unos días antes -el pasado 28 de enero- el Ministerio de Finanzas recortó, abrupta y brutalmente, los ya escuálidos presupuestos de inversión de los Núcleos de la Casa de la Cultura. Al núcleo de Tungurahua, por ejemplo, le dejaron un presupuesto de apenas 3.300 dólares para todo el año; al Núcleo del Azuay 10 mil dólares, y al Núcleo de Manabí apenas 12 mil dólares.  Insólito, pero no sorprende, pues ésta ha sido la política del actual gobierno, desmantelar todo lo público y recortar presupuestos.  Aunque eso si, a la Sede nacional no se le recortó su presupuesto. Recordemos que el Reglamento  de la Ley de Cultura, en donde se determina la forma de distribución del presupuesto para los núcleos, en estos 4 años de gobierno no se ha cumplido.  

Otro es el panorame para los Núcleos de la Amazonía, que no la pasarán tan mal, ya que el Fondo amazónico les transferirá casi 800 mil dólares, proveniente de las rentas del petróleo. Es decir, tendrán aproximadamente 200 mil dólares cada uno para actividades de fomento cultural.  La Junta plenaria remitió al presidente Lenín Moreno una comunicación en la cual, amablemente, le solicitan la revisión del recorte presupuestario. El presidente trasladó la comunicación al Ministerio de Finanzas.

Estos recortes simplemente han paralizado, aún más, la actividades de los núcleos y convierten a la Casa de la cultura en una entidad con presupuestos para gasto corriente pero no para inversión. Y, otra vez, los grandes perjudicados son los artistas y gestores culturales y, obviamente, la ciudadanía. Tras cuernos, palos.

La Junta plenaria de la CCE aprobó el texto del Reglamento con varias modificaciones a petición de los núcleos de Azuay, Manabí, Tungurahua y Santa Elena que son, precisa y casualmente, los núcleos que han ejercido su gestión con eficiencia y transparencia. Sin embargo, la mayoría de los directores de los núcleos respaldaron el articulado, pues conforman una sólida mayoría funcional al Director de la sede nacional, Camilo Restrepo, quien afirmó: “No estoy de acuerdo que se nombre la comisión… Yo estoy en la dirección y ya he realizado un documento que lo he remitido a los Núcleos,” lo cual revela la forma en que se dirige la Junta plenaria y la Sede nacional, al puro estilo del ex ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco: “Yo dicto, tu ejecutas.”

Pero ¿cuáles son los artículos que violentan los derechos culturales?. Martín Sánchez, director de Núcleo de Azuay, nos dice: “logramos que el artículo que obligaba a tener 90 días de pertenencia, y de haber sufragado en la elección pasada, se elimine. Pero se aprobó  2 años de pertenencia para ser electos, y el art. 29 obliga a  los inscritos en el RUAC a enviar una carta expresando, en los próximos 30 días, el deseo de participar en el proceso de elecciones; mientras a los mienbros de la CCE, no se les obliga. Esto es violatorio de los derechos culturales y además discriminatorio.” Como éste hay otros artículos que revelan un reglamento elaborado para favorecer a determinados núcleos y directores.

Numerosos colectivos culturales, en varias ciudades, anunciaron que interpondrán acciones de protección en las instancias legales correspondientes. Pero la forma y el contenido de este Reglamento revela que aquellas viejas prácticas continúan enquistadas muy profundamente en la Casa de la cultura y que, lamentablemente, la renovación que buscaba la Ley de Cultura no ha sido posible.

Qué bueno sería que los artistas y creadores con trayectoria, prestigio y credibilidad decidan vincularse a este proceso electoral y rescatar -si rescatar- a la Casa de la cultura de la mediocridad e ineficiencia. Qué bueno sería que, por ejemplo, por primera vez en sus 75 años de vida, una mujer -de sólido prestigio y reconocida trayectoria- sea la nueva directora nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.  

Hace ya ocho años, expresamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana estaba enferma y grave. No se ha encontrado una medicina que la alivie. Por el contrario, con la extrema precariedad del sector cultural, ha empeorado y sigue crónicamente muy enferma. Es más,  agoniza ante la indiferencia de la mayoría de artistas y creadores del país y la indolencia del gobierno nacional.