Por Pablo Salgado J. * escritor y periodista
Quito ya no es la ciudad ideal para vivir. Quito no es ya la franciscana ciudad; apacible y amable. No. Quito es una ciudad violenta. Una ciudad que margina y agrede; a cada paso, en todo momento y, casi, en todo lugar. Quito no es ya una ciudad verde y menos una ciudad limpia. Quito tiene altos índices de contaminación. En ciertos sectores -el Centro histórico y la González Suárez- la contaminación por el transporte vehicular supera todos los índices permitidos por la Organización Mundial de la Salud, OMS. A diario los quiteños debemos respirar un aire que es dañino para nuestra salud. La OMS informa que más de 4 millones de muertes, en el mundo, se dan por causas de la contaminación del aire. En Quito, el 18.6% de las muertes se producen a causa de enfermedades respiratorias.
A pesar de esto, el avance del sector inmobiliario hace que a diario desaparezcan importantes zonas verdes de la ciudad. Incluso parques, como La Carolina, se transforman en polideportivos. Hermosas zonas verdes del Distrito Metropolino han sido urbanizadas, sobre todo en los valles. Una agresiva depredación inmobiliaria que incluso construye en áreas protegidas, como la del Ilaló, por citar un ejemplo. Y basta levantar la mirada hacia el occidente, al Pichincha, para constatar como se talan los árboles y se levantan edificaciones en zonas en las cuales no está permitido construir. A pesar del peligro que implica, la ciudad ha sido incapaz de frenar este irresponsable avance inmobiliario. Hoy el Pichincha es una montaña con enormes manchas grises que parecen recordarnos a cada instante la irresponsabilidad de nuestras autoridades. Se talan árboles a pesar que existe una ordenanza -la 0282, de 2012- que regula la preservación del arbolado.
La OMS recomienda que las ciudades deben tener al menos 9 metros cuadrados de espacio verde por cada habitante. El índice verde urbano, IVU, de Quito es de solo 7.5 metros cuadrados por habitante. Este es un indicador del 2012, hoy -según expertos- debe estar cercano al 5.5 metros cuadrados. Es decir, tenemos un enorme déficit de áreas verdes que deben llamar la atención de las autoridades municipales y de todos quienes vivimos en Quito. Es más, en 43 de las 65 parroquias del Distrito Metropolitano hay déficit de áreas verdes. Y no solo eso, casi todos los ríos y quebradas sufren de una alta contaminación.
En estos últimos años, los atentados contra las áreas verdes y los parques de la ciudad son constantes y permanentes. Ahora surge una nueva amenaza inmobiliaria en contra del Parque arqueológico y ecológico Rumipamba, en el nor-occidente de la ciudad. Hace poco, la empresa eléctrica desbrosó los árboles y plantó postes de tendido eléctrico ante el asombro de los vecinos del parque. Tenían permiso otorgado por el Municipio de Quito.
Este parque ha sufrido ya varias afectaciones por intervenciones anti técnicas que han puesto en riesgo sus vestigios arqueológicos. Hoy se trata de un proyecto inmobiliario privado implantado en el área aledaña a la zona protegida del parque Rumipamba.
Es necesario recordar que en el 2010, la ordenanza municipal emitida en el 2003 y que le asignaba al parque la categoría de “Area de protección arqueológica-ecológica y de reserva patrimonial” fue modificada con la intención de mutilar el área para beneficio privado. Quito no puede seguir atentando contra su historia y su pasado. Ya sucedió en Tababela, la zona del nuevo aeropuerto, cuando se destruyeron tolas y entierros arqueológicos. Y lo mismo sucedió en plena plaza de San Francisco con la construcción de la estación del Metro.
Por todo esto, vale la pena que la ciudad entera se sume al justo y necesario pedido de los vecinos del Parque Rumipamba. Su defensa del parque es digna y valiente. Y, por tanto, su reclamo merece ser escuchado y respaldado. De hecho, más de 4 mil personas han firmado una carta pública, en la cual expresan: “Pedimos al Banco del Pichincha que deje el terreno como está y lo traspase a manos públicas. Al Municipio de Quito que se apersone en la defensa de nuestro espacio. A los concejales que hagan su trabajo y se unan en defensa del parque. Y al Instituto de Patrimonio que luche por el patrimonio arqueológico de la ciudad.”
El Municipio, a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio, IMPQ, emitió un escueto comunicado como respuesta al pedido de los moradores y vecinos del parque: “Los predios mencionados son de propiedad privada y por lo tanto se encuentran fuera del área de protección arqueológica del Parque arqueológico-ecológico Rumipamba.” Así, las autoridades municipales dejan en claro cuál es su postura.
El Municipio, y sus concejales, no puede ignorar este pedido de sus mandantes. El pasado 18 de noviembre, los moradores acercaron una carta al Alcalde Guarderas en la cual le solicitan cinco puntos: “Que se declare de utilidad pública los dos predios privados que se encuentran dentro de la reserva. Que el IMPQ realice una investigación documentada sobre los vestigios arqueológicos que existen en la zona. Que la Secretaría de ambiente efectúe un inventario de la fauna y flora que existe en el área. Que la Secretaría de territorio proceda a la recalificación zonal de los predios. Que los concejales participen en defensa del parque arqueológico.”
Es cierto que son espacios privados, del Banco del Pichincha. Pero de construirse y levantarse edificaciones en estos predios se destruirán los vestigios arqueológicos, ya que esta zona fue habitada por los Quitus y a sus muertos los enterraban en La Florida, en donde hoy está el Museo in situ. De urbanizarse se afectará a la ecología del parque, el hábitat natural de una gran diversidad de flora y fauna. Es decir, se afectará a la ciudad. Y se afectará los derechos de la naturaleza, y los derechos de los quiteños de vivir en un ambiente sano y saludable.
El banco del Pichincha es una de las entidades financieras que más utilidades obtuvo en el primer semestre de este año. Es el mayor banco del país. Y Quito es la ciudad en la cual más cuentahabientes tiene el banco. De ahí que debería tener la obligación de ser, al menos, recíproco y asumir su responsabilidad ambiental con la ciudad. Un gran gesto sería que escuchen el pedido de los habitantes de Quito y donen esos terrenos a la ciudad para seguir protegiendo el parque. Qué gran gesto sería que, en su afán de ser “un banco con propósito” -como proclaman ahora los grandes empresarios- decidan no edificar y preservar las áreas verdes para beneficio de la comunidad. Qué bueno sería que el banco se decida por conservar y no por destruir. ¿Soy ingenuo al creer que los banqueros son sensibles y pueden deponer su ambición y amor por el dinero en beneficio de la sociedad y la comunidad? Tal vez, más aún mirando el actuar del banquero-presidente, pero no pierdo la esperanza.
Lo que si es seguro, es que el Municipio no puede cruzarse de brazos. El Municipio -el Alcalde, las autoridades ambientales y patrimoniales y los concejales- deben asumir también su responsabilidad para con sus mandantes, que hoy exigen que se declaren esos terrenos como utilidad pública y se conserve tal como está el Parque Rumipamba. Esto es cumplir con su deber. Deben defender los intereses de la ciudad y la comunidad y no privilegiar los intereses de un banco. Los derechos de propiedad de un predio no pueden estar por encima de los derechos de la comunidad.
Quito necesita áreas verdes. Quito necesita preservar su flora y su fauna. Quito debe conservar sus áreas protegidas y cuidar con esmero sus espacios arqueológicos. Quito es ciudad patrimonio de la humanidad por su historia y su pasado. Quito necesita bajar los índices de contaminación ambiental. Es urgente. Por ello, deben prevalecer los intereses de la comunidad y no los intereses corportativos privados. Es necesario defender la naturaleza frente al vertiginoso y agresivo avance de los depredadores inmobiliarios. Solo así Quito volverá a recuperar su belleza, su hábitat natural y su dignidad. Solo así Quito podrá ser de nuevo una ciudad para vivir.
