Por Pablo Salgado J.
Ni en la peor dictadura militar se tomaron la más importante y emblemática institución cultural del país, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sin embargo, esto sucedió el pasado
Domingo 19 de junio, Día del padre, cuando la Fiscalía ordenó, a la policía nacional, el allanamiento a las instalaciones de La Casa. Casi al mismo tiempo, el Comandante de policía anunció que, en el marco del Estado de excepción, se convertirá a la Casa de la Cultura en un lugar para albergar a policías de la unidad operativa de control del orden público. Así, más de 400 policías y militares tomaron posesión de las instalaciones de la Casa de la Cultura.
La Casa de la Cultura Ecuatoriana goza de autonomía, desde su fundación en 1945. No es la primera vez que la Casa es acosada por un gobierno. La dictadura de la Junta Militar, en 1963, a través de un decreto, destituyó a los directivos de La Casa y nombró sus propias autoridades. Pero no se atrevió a enviar soldados o policías a sus instalaciones, como ha sucedido hoy con el gobierno de Guillermo Lasso. Una acción absolutamente arbitraria y prepotente que, inmediatamente, fue rechazada por el presidente de la Sede Nacional, los directores de los Núcleos provinciales, y por centenares de artistas y gestores culturales.
El Ministerio de cultura y patrimonio, a través de un vergonzoso comunicado, pretendió justificar la captura de la Casa por fuerzas policiales como una acción “para proteger (sic) los bienes patrimoniales” que se encuentran en su interior. El presidente de la Casa, Fernando Cerón, interpuso una acción de protección, que fue negada por el Juez; y otras demandas de cumplimiento de garantías constitucionales ya que, asegura, la toma de la Casa se realizó de manera arbitraria e ilegal ya que la requisición no la realizó un juez sino la propia policía.
Mirar a los militares fuertemente armados -con capuchas negras y uniformes de guerra- saltando las mallas que rodean al edificio y recorrer las instalaciones de la Casa de la Cultura es, sin duda, impactante y estremecedor. Policías ingresando a la Cinemateca nacional, en donde se guarda todo el patrimonio fílmico y sonoro del país. A la biblioteca, a los museos, a las salas, a los teatros, a la librería, a la radio, es indignante. Son imágenes que nos recuerdan al Chile de Pinochet y no a una democracia que, supuestamente, garantiza la protesta social y las marchas populares por una vida digna.
Apenas se produjo el allanamiento, centenares de artistas se auto-convocaron en las inmediaciones de la Casa de la Cultura y con cánticos, música, bailes, carteles y al grito de: “La Casa de la Cultura no es un cuartel,” exigen que los policías abandones sus instalaciones. Pero poco importa que su protesta sea pacífica y creativa, son desalojados y gaseados, una y otra vez, y expulsados de su propia Casa por las fuerzas represivas.
Triste e indignante el papel que ha cumplido la Ministra de cultura y patrimonio, Ma. Elena Machuca, quien -una vez más- se ocultó y guardó silencio. Siempre ajena al sector cultural. Su gestión se ha caracterizado por incumplir la Ley de cultura, incumplir las promesas de campaña, continuar con los recortes, cerrar los programas emblemáticos como el Plan nacional del libro y la lectura, y la Feria del libro. Después de un año de gestión, siguen cerradas las reservas documentales y arqueológicas. Y, por si fuera poco, no pagó las alicuotas y no realizó el mantenimiento del MAAC, de Guayaquil, lo que provocó que el Municipio lo clausure durante varios días.
La Ministra Machuca no solo que ha sido incapaz de defender a los artistas y gestores culturales y la institucionalidad de la Casa de la Cultura, de la que el Ministerio de cultura, como Ente rector, forma parte, sino que ha sido cómplice de la captura de las fuerzas policiales a la Casa de la Cultura. Triste su papel. Así es como figurará en los libros de historia.
Pero además, no podemos olvidar que el pasado 15 de junio el Centro Cultural Metropolitano amaneció, en su patio central, también con decenas de carpas para albergar a una unidad policial. Las denuncias inmediatas hizo que se revea esta decisión del Alcalde Guarderas. Sin embargo, el lunes 20 de junio, nuevamente amaneció con policías y militares ocupando su patio central. Otro espacio cultural, de paz, convertido en baluarte de policías y militares.
Las imágenes de La Casa tomada, y rodeada, por centenares de militares y policías tienen un alto valor simbólico. No solo es el cierre de una emblemática institución. No. Es el atentado contra los derechos culturales y las libertades de los artistas, trabajadores de la cultura y ciudadanos. Contra los patrimonios. No hay nada mas impactante que mirar a policías en guerra ingresando con sus armas a una biblioteca, a una librería o a una cinemateca. El gobierno aterrado frente a la cultura. Y frente a la memoria. Y aterrado por una Casa a la que puedan llegar indígenas, mestizos, negros, blancos. Todos defendiendo sus derechos y libertades. Los derechos de todos y todas. Es el desprecio por las artes, el pensamiento y los saberes, las diversidades y la creatividad.
La Casa de la Cultura debe volver, inmediatamente, a manos de sus hacedores; los artistas y creadores. Y, ojalá, nunca más los gobernantes de turno la vuelvan a mancillar.
