La ministra de Gobierno, María Paula Romo, es el eslabón más fuerte del gobierno de Lenín Moreno. Ella ha sido el rostro y la voz de este régimen en momentos críticos, como el paro indígena, por eso su posible censura y destitución en la Asamblea Nacional será una estocada para un alicaído Presidente.
Quiteña, abogada, es una de las fundadoras del movimiento político Ruptura de los 25 (hoy Construye) que apoyó al gobierno de Rafael Correa hasta el 2011, pero que luego se convirtió en un opositor radical. Incluso, Romo públicamente apoyó al candidato de CREO Guillermo Lasso en 2017 en la contienda electoral contra Moreno.
Sin embargo, no dudó en unirse al gobierno de Alianza PAIS. El 31 de agosto del 2018 fue nombrada Ministra del Interior encargada de la seguridad ciudadana y su primer trabajo fue aplacar las críticas por el asesinato de los periodistas de El Comercio, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, en la frontera entre Ecuador y Colombia.
Sus tareas no quedaron ahí. En diciembre de ese mismo año se encargó la Secretaría de la Política que su principal misión era ser un enlace entre el Ejecutivo, la Asamblea y los gobiernos provinciales y municipales.
Su poder se fue incrementado y un año más tarde, bajo su tutela, se regresó a la vida al Ministerio de Gobierno. Una entidad encargada del cabildeo político y de seguridad ciudadana.
En ambas misiones, el trabajo de Romo tiene más críticas que apoyo. Y las cifras de su gestión en seguridad ciudadana están en rojo.
Más inseguros y más asesinatos en los dos últimos años
Hasta el 2017 Ecuador podía sacar pecho que su política de seguridad bajó los índices de homicidios. El país llegó a tener la segunda tasa más baja del continente con 5,7 asesinados por cada 100 mil habitantes, pero esas cifras ya no son parte de nuestra realidad.
Las estadísticas que maneja el Ministerio de Gobierno evidencian el incremento de crímenes durante los dos últimos años. En el 2016 se registraron 743 homicidios; en el 2017 crecieron a 749; para el 2018 la cifra trepó a 758.
Pero desde el 2019 las cifras se multiplicaron. En abril de ese año, por primera ocasión se superó el centenar de asesinatos, con 117 durante ese mes. Al final de ese año se registraron 937 homicidios. En un solo año se aumentaron 179 crímenes en el país.
Este año el panorama es mucho peor, las estadísticas oficiales solo han registrado los casos hasta septiembre pasado y hasta esa fecha sumaron 915 asesinatos. Solo los meses más duros de la pandemia (marzo y abril) se registraron menos de 100 muertes mensuales, en el resto de tiempo superaron records que el país no lo vivió en el último lustro.
La pandemia también logró frenar la trepada de los robos a personas, viviendas, carros y negocios. Las estadísticas evidencian que el 2019 fue el peor año, solo el caso de los atracos en casa sufrieron un descenso.
En el 2019 se registraron, de acuerdo a los archivos del Ministerio de Gobierno, 28.110 casos. Un número superior a los registrados en el 2016 (27.256) y también en el 2017 (24.329), pero sobretodo en el 2018 (23.166 delitos). El inicio de este año tampoco fue esperanzador, con estadísticas de delitos que superaban los cuatro años anterior, pero desde la llegada del Covid se frenaron a 14.170 denuncias hasta septiembre.
Lo mismo sucedió con los robos en los negocios. El 2019 llegaron a 5.207 denuncias, casi mil más que en el 2018. Y este año con pandemia se registraron 2.845. Las cifras también crecieron en los robos de automotores. 5126 carros fueron robados en el 2019, mientras que en el 2018 fueron 3.850 y en el 2017 fueron 4.147
El caso de robos de casas fue distinto. El año pasado se registraron 10.093 denuncias por este delito, una cifra menor a los tres últimos años y durante el covid-19 se registraron 4.262 robos.
Para el analista en seguridad, Santiago Orbe, la gestión de María Paula Romo ha sido mala, porque no ha podido garantizar una convivencia segura de todos los ciudadanos. Sostiene que no ha existido una política en materia de seguridad, especialmente cuando el país atraviesa una crisis que afectó todos los niveles socioeconómicos, los índices de calidad de vida y el debilitamiento de las instituciones.
Además, recalca que desde el Estado se fracturaron las políticas a mediano y largo plazo y se buscó responsables en la migración, políticos y otros opositores, como ocurrió durante la protesta indígena de octubre del 2019, cuando el Ministerio de Gobierno acusó a ciudadanos extranjeros de ser los responsables de vigilancias ilegales al Presidente, para demostrar la influencia del exterior en la movilización. “Ahora todos los acusados están libres de los cargos que le presentaron”, dice el experto.
Jorge Madera coincide con Orbe en que los temas socioeconómicos fueron relevantes en el aumento de los delitos, pero no cree que la gestión de Romo fue la que generó este aumento.
En su opinión no existió influencia que el Ministerio de Interior se haya funcionado con la Secretaría de la Política, bajo el mando de una sola persona. Y dice que cualquier persona que hubiera estado en el cargo se enfrentaría a la ola de inseguridad, porque nació desde problemas sociales y hasta culturales del país.
La incautación de drogas llega a un récord
El 2020 cerrará como el año más importante para frenar el tráfico ilegal de estupefacientes. Según los datos de la Policía Antinarcóticos hasta noviembre se incautaron 120 toneladas de droga, una cifra nunca alcanzada en el país.
El único año que puede alcanzar esa cifra fue el 2016, cuando se incautaron 110 toneladas de drogas en el país. Por esta acción el ex ministro del Interior y ahora asambleísta, José Serrano, fue felicitado por las autoridades estadounidenses.
Por eso no resulta extraño que desde la Embajada de ese país se destacara la actuación de la ministra Romo. “Gracias por sus esfuerzos ministra. Por defender y profundizar la democracia y el Estado de Derecho en el Ecuador», sostenía el embajador norteamericano Mike Fiztpatrick, en una ceremonia donde se destacó el trabajo para frenar la delincuencia transnacional.
En ese mismo acto, María Paula Romo explicaba que el tráfico de drogas estaba encadenado a otros delitos: minería ilegal, tráfico de armas, trata de personas que afectan a la cotideanidad. Para Madera la insidencia de estos delitos también afectan los índices de seguridad ciudadana.
Los femicidios también aumentan en el país
La lucha contra la violencia a la mujer no es una responsabilidad directa de la ministra Romo. Pero, ella fue la cabeza del gobierno para lanzar el sistema de protección de víctimas de este tipo violencia a inicios de este año e, incluso, este tema fue relevante en su programa de seguridad 2019-2030.
“En el 2018, esta institución trabajó activamente en el cumplimiento de las competencias establecidas en la Ley, mientras que en el 2019 se fortaleció el proceso y se inició en territorio un proceso de sensibilización y capacitación en materia de violencia de género hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes”, decía la Ministra.
El Sistema de Protección no ha dado los resultados, hasta noviembre se registraron 101 femicidios, mientras que el año pasado fueron 88. La pandemia complicó la situación de las mujeres vulnerables ante la violencia. El sistema de emergencia 911 registró un total de 70.000 llamadas de auxilio. Un promedio de 333 llamadas en un solo día.
¿Cuál fue la respuesta del sistema de protección?, para los grupos de mujeres fue casi nula. Sin embargo, Geraldine Guerra no culpa de la gestión a la ministra Romo. Para ella es un problema integral, que atraviesa desde la Secretaría de Derechos Humanos (quien debe coordinar las acciones para frenar la violencia contra la mujer) y los ministerios de Gobierno, Salud, Educación y llega hasta la Fiscalía y el sistema judicial. Para ella, estas instituciones no han trabajado coordinadamente para proteger a las víctimas.
Desde el 2014, cuando entró en vigencia el femicidio en el catálogo de delitos en el país, más de 820 mujeres han sido víctimas, dejando familias rotas e hijos en indefensión. (I)
